Una visión crítica del Tribunal del Jurado en España y en Europa

Por su papel en el sistema judicial estadounidense, el Jurado aparece en numerosos largometrajes, por sus elementos de teatralidad y por tratar con delitos de menor tecnicidad y más cercanos a la gente de a pie, como los asesinatos. Algunos hombres buenos (1992), con Tom Cruise, El inocente (2014), con Matthew McConaghey o Doce hombres sin piedad, son tan solo un par de ejemplos bien conocidos de ello.

En España, por lo contrario, dicha institución apenas tiene tradición, aunque su existencia se remonta a tiempos de la II República Española[1]. De hecho, esta figura es prácticamente desconocida por una parte de la sociedad, ya que  muchas de las controversias que se resuelven por este procedimiento carecen de  importancia mediática, aunque en ellos se trate, en ocasiones, con delitos con elementos ‘morbosos’.  El Tribunal del Jurado se encuentra protegido por nuestra Carta Magna, que en su artículo 125 CE[2] dispone que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine […]’, en relación con el artículo 23.1 CE, ‘los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes […]’, y está desarrollada en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ, de ahora en adelante).

La principal característica distintiva de un juicio de Jurado es que la decisión sobre la controversia la toman jueces legos, sin conocimientos jurídicos (con o sin la colaboración de un juez profesional o más, según el país) en lugar de un tribunal (colegiado) o un juez (unipersonal).  Será competente el Tribunal del Jurado para conocer y fallar de causas por delitos como por ejemplo el homicidio o las amenazas, aunque también otros delitos menos típicos de Jurado como el cohecho, el tráfico de influencias o los incendios forestales[3].  Ello provoca que una crítica posible a la regulación actual sea que la lista abarque un abanico demasiado ancho de delitos, aumentando el coste y la lentitud del sistema judicial en general, sin que sea ello necesario a priori. Se asume que un juicio de Jurado es, en principio, más largo y costoso que por la vía convencional (ya sea ordinario, abreviado,…).

El proceso se iniciará, tras querella o denuncia, conociendo el Juez de Instrucción del lugar donde hayan sucedido los hechos en cuestión, por competencia territorial[4].

Un juicio de Jurado consta, en España, de tres fases:

Fase de instrucción: tras el auto de incoación[5] (directo o por transmutación por diligencias previas), habrá una previa valoración de su verosimilitud, y se celebrará una audiencia preliminar donde se podrán practicar las diligencias complementarias de la imputación sobre la procedencia de la apertura del juicio oral. Esta fase terminará con el auto de apertura de juicio oral o con el auto de sobreseimiento[6] (libre o provisional) en cuyo caso se daría por concluido el proceso judicial.

Fase intermedia: se produce solo si ha habido un auto de apertura de juicio oral y es competente la Audiencia Provincial, a excepción de que exista el privilegio del aforamiento, en cuyo caso conocería el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo. Se inicia con las cuestiones previas (36 LOTJ), lo cual permite plantear temas de declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción de delito o amnistía/indulto (666 LECrim). Posteriormente, se produce uno de los momentos más determinantes del proceso, con el auto de hechos justiciables (37 LOTJ), redactado por el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado (y miembro de la Audiencia Provincial en cuestión). Se redactarán los hechos de acusación y de defensa, las pruebas de los hechos justiciables, los presuntos delitos y su grado de participación, las circunstancias modificadoras (atenuantes, agravantes o mixtas) y se fijará fecha para la celebración del juicio oral. Ante dicho auto no cabe recurso. Su importancia yace en que su redacción facilita, orienta y determina la decisión final del jurado, lo cual contamina el proceso.

Juicio Oral: se realiza un cuestionario a los 36 candidatos a ser miembros del Jurado, en el que se evalúa si su participación entra en conflicto con las prohibiciones, incompatibilidades o excusas tasadas por ley. En la práctica, si uno se hace el desentendido, puede evitar formar parte de él, por ejemplo no mostrando ningún interés por la justicia. Además, el texto legal contempla un amplio abanico de posibilidades para excusarse de su participación cuando añade, en última instancia, ‘cualquier otra causa que las dificulte de forma grave el desempeño de la función del jurado’, en el art. 12 LOTJ. Tras ello, se pueden presentar recusaciones contra los candidatos, si se cree que alguno concurre con causa que no le permitiría participar.

La composición final del Jurado será el magistrado-presidente, nueve miembros titulares y dos de suplentes, que deberán estar presentes en la sala del juicio en todo momento. De entre los nueve miembros, uno deberá ser escogido portavoz y se encargará de conducir el debate a puerta cerrada y leer el veredicto final. De hecho, suele ser fácil intuir quién será el portavoz, por los roles que tiene cada uno en el grupo.

Tras haberse establecido la composición definitiva del Jurado, se da lugar a la Audiencia Pública (41 LOTJ). En ella, los miembros del Jurado pueden interrogar al acusado y al defensor mediante preguntas escritas al magistrado-presidente, que las leerá si las considera ‘pertinentes’. Él podrá también formularlas, sólo a ‘título aclaratorio’, aunque a la práctica esto sea más flexible. Se requieren siete votos, al menos, para declarar los hechos como probados, cuando sean desfavorables al acusado (o cinco cuando sean favorables). Si se hubiesen obtenido las mayorías necesarias en la votación sobre los hechos, se necesitarán siete votos para establecer culpabilidad y cinco para establecer inculpabilidad (artículos 59 y 60 LOTJ).

Finalmente, la sentencia será motivada ‘sucintamente’, hecho que puede resultar objeto de crítica por poner en duda el derecho a la tutela judicial efectiva[7] del acusado, contemplada en el art. 24 CE. En el escrito final, el juez ‘vestirá el muñeco’, expresando en términos más formales la decisión tomada por el Jurado. Cabe también destacar en este punto que los miembros del Jurado son informados, con antelación, de las consecuencias jurídicas de su veredicto, para que tomen conciencia de lo que ello pueda acarrear en términos de pérdida de libertad o costes económicos (u otros) sobre el acusado. Esto podría entrar en contradicción con el principio básico del Tribunal del Jurado basado en que sus miembros son legos, es decir ciudadanos no conocedores de los aspectos técnicos del sistema judicial.

¿Cómo se regula esta misma materia en los ordenamientos jurídicos cercanos al nuestro? Por lo general, se entiende que existen tres modelos de juicios de Jurado: el puro, el escabinado y el mixto, aunque aparecen con especialidades según el país que se trate.

Sistema puro o anglosajón. Instaurado ante la High Court británica y muy conocido a través del cine judicial americano, se caracteriza por terminar con un veredicto ‘sin motivar’[8] sobre la inocencia o culpabilidad del acusado (en sus orígenes, la simple manifestación de ‘inocente’ o ‘culpable’ sin más). Se reparten las funciones entre los ciudadanos y el juez profesional (es decir que legos y profesionales no deliberan conjuntamente): los miembros del Jurado dictan el veredicto mientras que el Juez aplica el Derecho e individualiza la pena[9]

Con matices, éste es el sistema que se lleva a la práctica en el Reino Unido, en los Estados Unidos y, en menor medida, en Rusia[10]. Aunque en una versión reformada, el legislador español también se decantó por el modelo puro.

Sistema escabinado. Es el sistema empleado en Francia, Alemania y Portugal, entre otros. Su principal característica es que magistrados y ciudadanos legos deliberan conjuntamente todo: el juez profesional realiza un esfuerzo para explicar al escabino (o lego) su interpretación de los hechos, la valoración de la prueba y sus consecuencias jurídicas[11]. Un argumento que suele emplearse en favor de este sistema es que aquí el juez profesional ayuda a los ciudadanos legos a la obtención del veredicto y garantiza una decisión final basada en criterios jurídicos. Aun así, al mismo tiempo puede entenderse que se está tratando al ciudadano como un mero ‘espectador’ o ‘comparsa’ ya que éste es vulnerable ante la visión, basada en conocimientos y experiencia legales, que el juez profesional le pueda trasladar[12]. La proporción de jueces profesionales y legos es diferente según el sistema en el que nos encontremos[13]. A diferencia del sistema puro, este procedimiento se termina con una sentencia motivada[14].

Sistema mixto. Es menos habitual y combina elementos de los dos sistemas comentados. Se utiliza en países como Austria o Bélgica. En general, deliberarán los jueces legos únicamente, sin los profesionales. Sin embargo, cuando se decrete la condena del acusado, el jurado deberá reunirse con los jueces profesionales para decidir la extensión de las penas[15].

Así pues, generalmente, parece que la institución del Tribunal del Jurado en España no se ha implantado plenamente. Una causa de ello sería que el esfuerzo que supone la preparación y realización de un juicio con Jurado equivale a 20 juicios, junto con el trabajo que demanda para Abogado y Fiscal y el coste para las arcas públicas [16]. De hecho, en ocasiones se interpreta la celebración de un juicio con Jurado como una adhesión ideológica a la institución, cuando teóricamente se trata del simple cumplimiento de su Ley Orgánica[17]. Se añade a ello que el jurado puro, como el español, está en regresión en beneficio del sistema escabinado.

Personalmente, considero que el mayor problema que presenta el Tribunal del Jurado en España viene relacionado con el elevado coste económico y de tiempo que conlleva. En contraposición, modificar el sistema actual por otro con características más similares al escabinado (en el sentido de aumentar la colaboración de jueces profesionales y jueces legos durante el juicio) tendría que ser considerado como una desnaturalización de la institución. El ciudadano lego no sólo carece de conocimientos jurídicos sino que, además, es vulnerable ante personas con larga formación y experiencia como suelen ser los jueces profesionales. En ese sentido, el auto de hechos justiciables previo al juicio oral, o la advertencia -a los jurados legos- de las consecuencias jurídicas que pueda tener cierto veredicto, ya son elementos existentes en el sistema español que contaminan el Tribunal del Jurado, que lo condicionan y lo determinan.

Es por ello que una reforma de nuestro sistema del Jurado debería atajar particularmente su principal deficiencia: sus elevados costes. Una opción plausible es la reducción de las tipologías de delitos que deban ser juzgados por esta vía. Preservar y modificar el Tribunal del Jurado sería positivo para la sociedad española contemporánea, mayoritariamente molesta por la gestión de la crisis, por los numerosos casos de corrupción y por la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial, cuya independencia se pone en duda en ocasiones.

Agradecimientos al magistrado José María Torras Coll y a la compañera Berta Rosón, por su inspiración, respectivamente.

Referencias

[1] El Mundo, ‘La reforma del jurado popular, otra asignatura pendiente de la justicia’ (2015), disponible en: http://www.elmundo.es/opinion/2015/09/14/55f5d113ca47413a318b4589.html

[2] Constitución Española de 1978

[3] 1.2 LOTJ

[4] 5 LOTJ

[5] Resolución judicial que dictará el Juez de Instrucción por el cuál se abre el procedimiento judicial, se imputa a la persona determinada de un delito de competencia del Tribunal del Jurado. El juez tiene que valorar la verosimilitud de la imputación contra persona determinada realitzada en la denuncia o querella (González, E. Y Villagómez, M. ‘Procedimiento ante el Tribunal del Jurado’ pp. 53-80)

[6] Si se produce un sobreseimiento, mediante auto, el caso se archiva (definitivamente o no, dependiendo de si el sobreseimiento es libre o provisional) por falta de las condiciones necesarias para abrir el juicio oral

[7] Artículo 24 (Constitución Española)

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
    La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

[8] El Tribunal del Jurado no explica detalladamente los motivos de su decisión.

[9] Yolanda Doig, ‘Jurado, ¿por qué no?, Agenda Pública (2016), disponible en: http://agendapublica.elperiodico.com/jurado-por-que-no/

[10] http://elpais.com/elpais/2003/10/06/actualidad/1065428224_850215.html

[11] Yolanda Doig, ‘Jurado, ¿por qué no?, Agenda Pública (2016), disponible en: http://agendapublica.elperiodico.com/jurado-por-que-no/

[12] Guías Jurídicas, ‘Tribunal del Jurado’ disponible en: http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTExNjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAEZUuajUAAAA=WKE

[13] Guías Jurídicas, ‘Tribunal del Jurado’ disponible en: http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTExNjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAEZUuajUAAAA=WKE

[14] Se detallan los motivos, con carácter técnico y en términos jurídicos, de la decisión tomada por el Tribunal

[15] J.M.L, ‘Sistemas de Jurado en Europa’, (2003), disponible en: http://elpais.com/elpais/2003/10/06/actualidad/1065428224_850215.html

[16] Yolanda Doig, ‘Jurado, ¿por qué no?, Agenda Pública (2016), disponible en: http://agendapublica.elperiodico.com/jurado-por-que-no/

[17] La LOTJ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *