Otra más y ya van…

Últimamente se está hablando en prácticamente en todos los medios de comunicación de la famosa  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia , que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales.

No obstante,  creo que deberíamos ir más allá del simple hecho de opinar acerca de esta ley y de sus posibles consecuencias negativas para el ciudadano de a pie.

Personalmente me parece un escándalo puesto que esta subida generalizada de las tasas judiciales  limitará y reducirá la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles.  Así pues, lo preocupante no es el mero hecho de la subida de las tasas, entre 50 a 750 euros,  sino que este proyecto legislativo estaría frontalmente contrariado con nuestra querida Constitución. Me explico, tanto el art. 24.1 CE como el art. 119 de nuestra Norma Fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la Justicia a quien no disponga de amplios recursos económicos para litigar, son un claro ejemplo de la contradicción entre la teoría y la práctica, entre lo bien plasmado que quedan cuatro letras en un papel y la realidad. En definitiva, una quimera a la libertad de acceso y de tutela judicial.

Con este proyecto legislativo se pretende que se abonen al Estado unas tasas judiciales altísimas como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales y computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar (doble del IPREM, límite para derecho a justicia gratuita). La crisis económica es un puro pretexto porque ninguna consideración económica es aceptable como fundamento de unas tasas tan rotundamente restrictivas del acceso a la Justicia.

Es decir, se proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden muy fácilmente alcanzar los varios millares de euros por interponer una demanda civil (efecto del sistema de cálculo escogido en el procedimiento ordinario: sumar a un fijo de tasa de 300 euros el porcentaje del 0,5% de la cuantía procesal, que, por ejemplo, tratándose de un inmueble, es el precio de mercado del inmueble, y tratándose de una reclamación de cantidad, la cantidad reclamada).                                                                                                                                                  Por otro lado, un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador. O un trabajador que vea desestimada su demanda en el juzgado de lo social tendrá que pagar 500 euros por recurrir. Y reclamar por una multa de tráfico, puede costar más que el importe de la misma multa.

Estos son algunos de los ejemplos de este proyecto legislativo, nueva decisión de los que nos gobiernan, de los de arriba, y que no deja contentos a nadie, o sí ?

Allí es dónde quiero llegar puesto que resulta curioso la impunidad del poderoso y  la ley del más fuerte. Sin duda, podemos apreciar que independientemente de que esta reforma sea positiva o negativa a largo plazo, afecta de manera directa al ciudadano de a pie, al que no tiene suficientes recursos económicos. Incluso  limitando incluso el derecho a la tutela judicial consagrado en nuestra Constitución y convirtiéndose en una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y ninguna justicia para el que no pueda.                                                                             Y también se vería afectado directamente otro derecho constitucional  porque la protección al consumidor está en la Constitución y en las normas europeas, y nadie va a defenderse del abuso de las grandes empresas que además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, impone también tasas en asuntos pequeños, como los de consumo, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa que el importe reclamado.

Como las tasas no se modulan en función de la capacidad económica, las sufrirán las clases medias y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. Llegados hasta este punto, la duda que me suscita todo esto es ¿ Quién nos representa ?

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