Bankia: crónica de una muerte anunciada

Es tema de rabiosa actualidad y copa titulares de periódicos, conquista frecuencias de radio y ocupa pantallas de televisión. Hoy quiero acercar un poco al lector a la nacionalización de Bankia (empresa filial del Banco Financiero y de Ahorros, entidad que agrupa siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja La Rioja, Caixa Laietana, Caja Ávila y Caja Segovia), uno de los sucesos más importantes que ha acaecido en el sector financiero español en los últimos meses, y que ha sacado finalmente a flote la desastrosa gestión empresarial y política que se ha llevado a cabo al respecto. Diferentes manos han trabajado en el conglomerado de cajas a lo largo de su escaso año y medio de existencia, sin que se haya podido –o se haya querido- corregir una excesiva cartera de activos inmobiliarios sobrevalorados, que ha sido su principal lastre. Entre otros factores secundarios que complicaron su camino, hay una vertiginosa sucesión de fusiones –se empezó por Caja Madrid y Bancaja, y poco a poco se le fueron sumando diversas cajas de ahorro regionales- que se tradujeron en un gigante cargado de activos y pasivos, lo cual no implica, en absoluto, que vaya a funcionar mejor; por último, y no por ello menos importante, cabe destacar la rapidez y desorden con que Bankia salió a Bolsa, hecho que ha acabado perjudicando a miles de accionistas.

Desde los medios de comunicación, a mi modo de ver, se ha dado a entender al gran público que la nacionalización es una suerte de castigo y se le da cierta connotación negativa, máxime cuando hace unas pocas semanas aconteció la nacionalización de YPF en Argentina. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el hecho de que el Estado haya tomado las riendas de Bankia y tenga entre sus objetivos a corto plazo el purgar su Consejo de Administración, es una buena noticia. Durante años, los CCAA de las cajas de ahorros han estado dominados por la mano política y sindical que los definía en su mayoría. Sin ir más lejos, el ya ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y su antecesor, Miguel Blesa, fueron colocados en sus puestos por el Partido Popular.

A pesar de esto, la condena de Bankia ha llegado de mano de dos órganos que han mostrado una actitud completamente pasiva y permisiva ante las maniobras del grupo: se trata del Banco de España y la CNMV. El Banco de España, por su parte, tras haber fallado a lo largo de los últimos años en advertir del riesgo que implicaban las actividades financieras que se estaban llevando a cabo, dio el visto bueno al plan de viabilidad presentado por Bankia, a escasos quince días del anuncio de su nacionalización. En la esquina de enfrente, la CNMV no puso ningún tipo de impedimento a los diferentes productos financieros que el conglomerado seguía vendiendo hasta hoy para obtener capital a corto plazo sin priorizar el debido saneamiento estructural que necesita, así como tampoco reguló correctamente la prematura salida a Bolsa de Bankia, cuyas acciones han sufrido, tras el anuncio de nacionalización, un descenso aproximado del 15% de su valor –eso se le suma a una pérdida total acumulada del valor de casi un 60% en los 10 meses que lleva cotizando en el mercado de valores-.

Viendo semejante escabechina, uno también se plantea cómo es posible que las auditorías recientes no alertaran con antelación de una situación tan perniciosa y que nadie cuestionara al sr. Rato cuando afirmaba, hace escasas semanas, que Bankia iba a cumplir con los requisitos patrimoniales exigidos por el Gobierno y el BCE –paralelamente, se sabía que Bankia no había presentado los balances exigidos en el plazo de tiempo correspondiente-.

Ahora toca hacer provisiones para la banca y ver cuán sobrevalorados están los activos inmobiliarios que poseen las cajas españolas, sabiendo que Bankia cuenta con una de las mayores carteras inmobiliarias del sector. No obstante, a esto habría que añadirle una reflexión: ¿realmente será útil hacer provisiones si, a día de hoy, los inmuebles continúan estando sobrevalorados?

Durante demasiado tiempo nos creímos que el sistema financiero español estaba mejor de lo que en realidad está. Por el conjunto de factores sobre Bankia que he enumerado -aunque la lista no acaba aquí- es evidente que la realidad dista mucho de las afirmaciones de la casta política de nuestro país.

El plazo de que dispone el Gobierno para paliar -en la medida de lo posible- el ‘desastre Bankia’ y subastar la empresa es de 3 años. La lección es clara: el cadáver de Bankia, expuesto ahora públicamente, ha de servir de ejemplo y escarmiento para el resto del sector, para los órganos reguladores y, en definitiva, para todo aquel que no quiera ser víctima activa o pasiva en el cúmulo de garrafales errores en que se ha incurrido.

 Joan Cabré Puig – Colaborador Pompeunomics

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